Preocupación por la implantación de la planta de biogás en la Granja Conchita

En primer lugar, desde el Grupo Municipal Por Laguna de Duero (XLD), queremos agradecer a Chema Melero, Miguel Baena y Paco Daz su labor de seguimiento y la información que nos han venido trasladando de forma constante, lo que ha permitido disponer de un conocimiento actualizado sobre la evolución de este asunto. 

Desde nuestro grupo llevábamos más de tres meses trabajando en esta cuestión. De hecho, el primer borrador de esta moción planteaba un escenario hipotético de futuro, que lamentablemente tuvo que ser modificado con urgencia el pasado 28 de mayo para su registro, al confirmarse la publicación por parte de la Junta de Castilla y León de la primera autorización ambiental. A partir de ese momento, lo que se planteaba como una posibilidad futura ha pasado a convertirse en una realidad con impacto territorial relevante, que afecta a numerosos municipios de la cuenca del Duero y del entorno metropolitano de Valladolid.

La Junta de Castilla y León ha otorgado ya la primera autorización ambiental a una planta de biogás ubicada en el municipio de La Cistérniga, promovida por la empresa Norbiogás La Conchita, S.L. La instalación contempla el tratamiento de hasta 50.460 toneladas anuales de residuos, lo que equivale aproximadamente a 138,2 toneladas diarias. Este dato resulta especialmente relevante, ya que supera el umbral establecido en la normativa IPPC/IED de la Directiva de Emisiones Industriales europea, lo que implica la exigencia de una autorización ambiental integrada. Además, la autorización establece un límite máximo que no impide posibles incrementos en la capacidad de tratamiento dentro del marco permitido.

Los mapas oficiales de proyectos en tramitación y resolución evidencian una tendencia creciente hacia la concentración de este tipo de instalaciones en el entorno de la cuenca hidrográfica del Duero, con presencia en municipios próximos a Laguna de Duero, como La Cistérniga, Tudela de Duero o Boecillo, así como en el área urbana de Valladolid. Esta situación ha generado una creciente preocupación social y vecinal ante los posibles efectos acumulativos que este modelo de implantación pueda tener sobre el territorio, los recursos hídricos, las infraestructuras y la calidad de vida.

No se cuestiona que la producción de biometano pueda desempeñar un papel relevante en el marco de las políticas de transición energética y valorización de residuos. Sin embargo, ello no debe justificar una implantación acelerada, desordenada o masiva de instalaciones potencialmente molestas o con riesgos asociados, sin una adecuada planificación territorial, sin límites claramente definidos y sin una evaluación global de sus impactos acumulativos.

Diversos municipios de Castilla y León están viendo surgir plataformas ciudadanas y movimientos vecinales que alertan sobre 

• El incremento del tráfico pesado en vías no preparadas para ello, 
• El transporte continuado de purines y residuos, 
• La generación de olores y emisiones, así como, 
• Y, de forma especial, los posibles riesgos sobre cauces, acuíferos y recursos hídricos estratégicos, junto con la posible afección a la salud y a la calidad de vida de la población.  

Debe recordarse que el río Duero y su red de afluentes constituyen un recurso estratégico esencial para el abastecimiento de agua potable, el equilibrio ecológico, la actividad agrícola y el desarrollo socioeconómico de numerosos municipios de Castilla y León.

Especial atención requieren aquellos expedientes que contemplan instalaciones o balsas de digestato en zonas próximas a cauces, especialmente en áreas calificadas como inundables o de policía hidráulica, como se observa en el caso del entorno del Arroyo de Adalia. La protección del agua, del territorio y de la salud pública exige la aplicación rigurosa del principio de precaución recogido en la normativa ambiental europea y estatal, especialmente ante los posibles efectos acumulativos derivados de la concentración de este tipo de instalaciones en una misma cuenca hidrográfica. La transición energética debe desarrollarse con planificación territorial, con criterios claros de ordenación y garantizando en todo caso la protección de la población y del medio rural, especialmente frente a proyectos que puedan generar riesgos de filtraciones, contaminación difusa, emisiones, impactos odoríferos o incremento significativo del tráfico de vehículos pesados.

Por todo ello, desde XLD presentamos al Pleno del Ayuntamiento de Laguna de Duero las siguientes propuestas:

1. Que el Ayuntamiento de Laguna de Duero manifieste su preocupación institucional y mantenga una vigilancia activa, así como los contactos institucionales oportunos, ante la implantación progresiva y acumulativa de proyectos de plantas de biogás y biometano en el entorno de la cuenca del Duero y del área metropolitana de Valladolid, especialmente por sus posibles efectos sobre los recursos hídricos, la calidad del aire, el tráfico pesado, el territorio y la salud y calidad de vida de la ciudadanía.

2. Instar a la Junta de Castilla y León a no continuar impulsando la expansión de nuevas instalaciones de biogás y biometano sin una planificación autonómica integral que contemple de forma conjunta el impacto acumulativo de los proyectos, la capacidad de carga del territorio, la afección a acuíferos y cauces, así como las distancias adecuadas respecto a núcleos urbanos.

3. Solicitar la realización de estudios independientes y de carácter público sobre los posibles impactos de estas instalaciones, así como instar a la Confederación Hidrográfica del Duero y a la Junta de Castilla y León a reforzar los mecanismos de vigilancia, control y seguimiento de cualquier proyecto que pueda afectar a recursos hídricos del entorno.

4. Dar traslado de la presente moción a la Junta de Castilla y León, a la Confederación Hidrográfica del Duero, a la Diputación Provincial de Valladolid, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como a los municipios afectados por proyectos de biogás.

Por todo ello, consideramos necesario reforzar la planificación, la evaluación ambiental acumulativa y la protección de los recursos naturales y la salud pública, asegurando un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio.